Frenará concesiones a indígenas para evitar tensiones secesionistas.

Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, es un firme defensor del libre mercado. Define a las economías de mercado como “el mayor instrumento de generación de empleo, renta e inclusión social”, y por ello, su plan está basado en privatizaciones, descentralización y más ajuste fiscal. El presidente electo de Brasil reconoce en una entrevista que “no entiende de economía”, pero sus prioridades son claras. Como declara, “vamos a desburocratizar, simplificar y permitir que el ciudadano, o emprendedor, tenga más libertad para crear su futuro”.

Con su hoja de ruta recortará el número de ministerios, los cuales estudia reducir a la mitad de los 29 actuales, y nombrar a cinco generales como ministros. Para su agenda ha fichado a Paulo Guedes, liberal ultraortodoxo de la Escuela de Chicago y seguidor de Milton Friedman, como ministro de Hacienda.

En esta área, prevé reducir en un 20% la deuda pública con privatizaciones, concesiones y venta de propiedades estatales. Su objetivo es acabar con el déficit para su segundo año de Gobierno y dejar la inflación en un 4,5%, tal como recomienda el Banco Central Brasileño. Con toda probabilidad, mantendrá al presidente de esa institución, Ilan Goldfajn.

Bolsonaro pondrá a la venta o cerrará alrededor de 50 de las 141 empresas estatales

Así, para cumplir con sus promesas planea profundizar en las mencionadas privatizaciones, un camino ya explorado por el todavía mandatario Michel Temer. Será en sus propias palabras una privatización “acelerada”, donde pondrá a la venta o cerrará alrededor de 50 de las 141 empresas estatales. No está claro cuales privatizará, aunque sí se ha retractado al excluir de la privatización empresas estatales fundamentales. Así, las actividades centrales de Petrobras, la generación de energía de Eletrobras o el Banco do Brasil no estarían en venta.

Sin embargo, Bolsonaro se autocalifica como un nacionalista que había sido contrario a la agenda liberal de privatizaciones. Se identificaba más con el intervencionismo estatal de los gobiernos militares.

Con privatizaciones, su Gobierno espera paliar el voluminoso déficit de las cuentas públicas, del 7,5%. Y con el dinero que sacarían aspira a pagar un nuevo sistema de pensiones, necesario si va a mantener su promesa de llevar la edad de la jubilación a 61 años para hombres y 56 para mujeres. Era el proyecto estrella de Temer, que tuvo que dejar en el tintero. En Brasil, los trabajadores usualmente se jubilan a los 55 años y ganan el 70% de su sueldo final. La Seguridad Social representa un tercio de todo el gasto público, lo que ha contribuido a un déficit fiscal inédito. La necesaria reforma del sistema de pensiones es fundamental para el equilibrio fiscal.

Entre las medidas que quiere llevar a cabo el nuevo presidente es la renovación de las infraestructuras

También habrá una unificación de tributos y simplificación de la estructura fiscal amén de una reducción de impuestos. Así, habría un solo impuesto sobre la renta del 20%, salvo a los que ganen menos de cinco salarios mínimos.

Bolsonaro acelerará la modernización de la estructura productiva implementando medidas para el fortalecimiento del mercado de capitales, ampliación de la capacitación de trabajadores para las demandas de la nueva economía, nuevos apoyos a startups de “alto potencial” y estímulos para la innovación.

Del mismo modo, se aumentará la competitividad vía infraestructura: se planea mejorar la eficiencia de los 37 puertos del país, que anualmente mueven unos 800 millones de toneladas de carga.

Bolsonaro asegura además que ampliará el programa Bolsa Familia, impulsado por Lula y que ofrece un subsidio de algo más de 52 dólares para familias con renta baja.

Por otro lado, no habrá más concesiones de tierras indígenas, una medida que justifica por el temor a que estos territorios se vuelvan “países independientes dentro de Brasil”. De hecho, incluso planea revisar y revocar hasta 129 que ya se aprobaron.

Unas medidas, que tras pasar de ocho escaños a 52 y convertirse en la segunda fuerza política más fuerte en el Congreso después del Partido de los Trabajadores, aumentan las posibilidades de lanzarse dentro de una agenda reformista.

Fuente: El Economista.es

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