CHETUMAL.- Sin siquiera tomar en cuenta la reunión que estaba pendiente con el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), la cual finalmente no se hizo, el gobierno del Estado publicó la Ley de Movilidad en el Periódico Oficial de Quintana Roo, misma que entrará en vigor el próximo 12 de septiembre y abrirá las puertas a Uber y demás plataformas digitales de transporte, amenazando la estabilidad económica y laboral de casi 100 mil familias que dependen del servicio de taxis.
No obstante, de manera extraoficial, se difundió que el gobernador Carlos Joaquín envió al Congreso del Estado en la mañana de ayer, una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, sin que se diera a conocer su contenido, y sin que se sepa si los diputados le darán entrada de inmediato en la próxima sesión de la Diputación Permanente o esperarán hasta el inicio del próximo período ordinario de sesiones para hacerlo.
Detrás del “disfraz” de Uber, se pretende crear un monopolio gubernamental para el control total del transporte, ya que se les permitirá operar sin concesión y mediante un permiso especial que será otorgado de manera discrecional por el gobierno del Estado, a través de lo que será el nuevo Instituto de Movilidad.
Apenas la semana pasada, autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez señalaban que antes de echarse a andar, la Ley de Movilidad tenía que estudiarse entre los tres órdenes de gobierno, sobretodo porque violentaba e invadía la autonomía municipal en cuestiones directas de tránsito, ya que a través del Instituto de Movilidad, se expedirán permisos para transporte y se tramitarán licencias, entre otras atribuciones que eran propias de cada municipio.
Esta situación no es un tema menor, ya que pondrá una confrontación directa entre municipio y estado, pues se contrapone la jurisdicción de cada autoridad en materia de transporte.
Y es que desde el pasado 11 de junio, justo cuando se cumplieron dos semanas de la aprobación de la Ley de Movilidad por el Congreso del Estado, los 17 sindicatos taxistas del FUTV, se quedaron esperando la reunión a la que se había comprometido el gobernador Carlos Joaquín González, en la cual se tomarían acuerdos y se analizaría la citada ley, con el compromiso de que ésta no sería publicada hasta no haber realizado una evaluación a fondo.
Pero sin que se supiera sobre la esperada reunión, este 14 de junio, se publicó la Ley de Movilidad en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual entrará en vigor a los 90 días naturales de su publicación, es decir, el próximo 12 de septiembre.
No obstante, supuestamente ayer el gobierno del Estado presentó una iniciativa para hacerle reformas a la nueva ley, en las que se presume se incluirán puntos acordados con los líderes de los taxistas, que no se han dado a conocer formalmente, pero que se considera serán mínimas modificaciones.
La Ley de Movilidad sustituye a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. Dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor, el gobernador nombrará a la persona titular de la Dirección General del Instituto de Movilidad.
La Ley de Movilidad fue aprobada el pasado 28 de mayo por unanimidad de la XV Legislatura, en medio de una fuerte inconformidad taxista que conllevó a protestas y bloqueos carreteros en todo el estado, pues se dice que autorizar la entrada de Uber a Quintana Roo, sin una estricta regulación y sin necesidad de concesiones, será una competencia desleal que amenaza el empleo de casi 100 mil familias que dependen del servicio de taxis.
Otro riesgo existente en esta ley, de acuerdo con el análisis hecho por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, es que posee recovecos legales que darán paso a negocios extraordinarios y, al mismo tiempo, a muchas ambigüedades.
De entrada, Uber tendrá que someterse al gobierno del Estado. En ninguna otra parte del país Uber tiene que registrarse con un Instituto para poder dar el servicio de transporte público.
Hasta antes de la Ley de Movilidad, cualquiera podía darse de alta en la plataforma, aceptar pagos, porcentajes, y de ahí trabajar como un taxi urbano. Esta situación ya no se dará en Quintana Roo.
La Ley de Movilidad contempla un Instituto de Movilidad que, bajo el esquema “Monitoreo y Control”, obligará a cualquier persona interesada en ser parte del servicio de Uber, a darse de alta pagar un permiso estatal y hasta tramitar una licencia de conducir “especial”.
La ley abre la puerta a las plataformas digitales, por lo que cualquier empresa puede crear su aplicación, dar de alta a sus automóviles y pagar los derechos al Instituto para poder trabajar.
Hasta el momento sólo se ha conocido que la empresa Uber es la que está interesada en entrar; sin embargo, ya están listas al menos cuatro aplicaciones creadas por empresarios locales, para dar este servicio, según lo dado a conocer por el Observatorio Legislativo.
De hecho, fuentes consultadas dentro de la Secretaría de Gobierno por los diarios POR ESTO!, explicaron que en realidad el negocio dentro de la Ley de Movilidad será precisamente la entrada a las aplicaciones de empresas, empresarios y políticos allegados al poder, con la facilidad de que ya no estarán obligados por ley a contar con una concesión, basta con tener la venia del gobierno del Estado a través del Instituto de Movilidad, desde donde se mantendrá la entrega discrecional de concesiones y permisos de transporte, según sea el caso.
Un dato que ayuda más a la compresión de cómo esta apertura generará anarquía, es el caso de las casas de empeño, las cuales sólo están reguladas por Hacienda federal.
En otras partes del país, lo mismo pasa con Uber y con las placas federales de transporte que se ortogan a ese nivel, pero en Quintana Roo, la autoridad estatal quiere tener control absoluto de ello, con una mínima regulación y con vacíos legales que podrán dar paso a los monopolios de transporte a favor de empresarios influyentes y políticos de mucho dinero.
Con la Ley de Movilidad, el gobierno tendrá control de esos servicios y cobrará derechos por los mismos, por lo cual al final del día, se prevé que se dará entrada a concesiones disfrazadas de plataformas digitales con aplicaciones para todos los usuarios.
De hecho, en el caso de Cancún, se prevé que se dé una especie de “Paquetes de transporte”, lo cual no sólo generará una saturación del servicio, sino que podría crear una anarquía en materia de movilidad.
Ante la ausencia de una regulación estricta, también existe el riesgo de que la delincuencia entre a operar las plataformas digitales, tal y como ha ocurrido en otras partes del país, donde se han tenido desde robos y acosos a los usuarios, hasta casos de homicidios.
Desde la Federación, se analiza una regulación más estricta para Uber y el resto de las plataformas digitales de transporte, sobretodo en lo que seguridad se refiere, ya que esta empresa no se hace responsable por el mal servicio, daños o delitos cometidos contra los usuarios.
La ley fue dictaminada y aprobada en un solo día, el pasado 28 de mayo, ya sin tener que esperar una consulta popular que se planteaba amañada para que les diera el pretexto de aprobar la entrada de Uber, la cual los diputados ya tenían como consigna dictada por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
Con esta nueva legislación, que los diputados en un principio pretendieron aprobar a puerta cerrada, las empresas que operen y/o administren plataformas digitales de transporte, como Uber, podrán contar con un permiso de 10 años y serán reconocidas como personas morales, es decir, no estarán impedidas de contar bajo su amparo con una o varias unidades para prestar este servicio.
Entre otros cambios, se establece que las concesiones otorgadas para los taxis del servicio público de transporte, que sí son por vehículo, tendrán una vigencia máxima de 20 años, a diferencia de antes, que las concesiones eran permanentes.

Fuente: Por Esto!

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