Un año después de su elección, López Obrador ejerce un estilo político inédito en el país norteamericano.

Se cumple en estos días un año del arrollador triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. De forma paradójica, el elevado grado de popularidad que mantiene el presidente de México después de seis meses de gobierno (su toma de posesión se produjo en diciembre pasado) tiene orígenes y consecuencias de signo contrario. Por un lado es reflejo de una praxis política inédita en el país norteamericano: su lucha frontal contra la corrupción; su cercanía —real o impostada— con los ciudadanos; o sus conferencias de prensa diarias cada mañana frente a la distancia imperial de sus predecesores. Por otro, le ha permitido vadear gravísimos errores que, a medio plazo, amenazan con pasarle al país una factura que no está en condiciones de asumir.

De una forma u otra, el presidente mexicano ha confundido a sus críticos, desorientado a muchos de sus seguidores y desafiado las expectativas que él mismo había suscitado. La prometida austeridad (venta del avión presidencial y de la flota de automóviles oficiales, entre otros) le granjeó las simpatías de muchos mexicanos; al mismo tiempo, el recorte indiscriminado del 30% en gastos de representación, vuelos o viajes ha llevado a situaciones absurdas y a disfunciones de todo tipo (restricciones o anulaciones de salidas al extranjero de científicos o diplomáticos) impropios de un país como México.

Todo ello parecería desmentir a quienes temían una espiral de gasto público descontrolado, ajustada a la imagen de político populista que López Obrador se ha labrado. Sin embargo, el 40% de los mexicanos teme que sus decisiones puedan desencadenar una nueva crisis económica, de las que con perversa regularidad engullen al país norteamericano. Baste citar dos: la anulación de un nuevo aeropuerto a medio construir y la erección de una refinería en su Estado natal de Tabasco, esta última decisión tomada en contra de su propio equipo económico, extraordinariamente profesional por lo demás.

El otro tema en el que López Obrador se juega la presidencia es el de la inseguridad. Decidido a disolver la actual Policía Federal porque demasiados de sus miembros son corruptos o cómplices con el crimen y el narcotráfico, está por ver que el nuevo cuerpo que la sustituirá, la Guardia Nacional, vaya a cumplir el encargo de guardar y hacer guardar la ley en los plazos prometidos. Todo apunta a que resultará muy difícil frenar la delincuencia, cuyos índices volvieron a batir récords el mes pasado.

Pese a la elevada popularidad de la que goza López Obrador, un análisis detallado sugiere que el gobierno de México necesita un golpe de timón: profesionalizar la Administración en todos los niveles, reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones y concretar las eternas promesas de progreso, democratización y lucha contra la corrupción de las que se nutren los sermones del presidente. De lo contrario, México puede encontrarse, a la vuelta de un par de años, sumido en el mismo pantano que ha impedido su progreso en las últimas décadas.

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