Ha pasado un mes desde que el Instituto Mexicano del Seguro Social convocó a la subrogación del servicio de seguridad; un contrato trianual para dar cobertura a más de 4,000 inmuebles en todo el país, para lo que se dispondrían hasta 3,271 millones de pesos del presupuesto.

Al menos 22 empresas han manifestado su interés en presentar ofertas. Y el 21 de abril, en la Junta de Aclaraciones, los proveedores presentaron 1,229 preguntas a la entidad convocante. En la segunda ronda, fueron 1,947 preguntas. Ante ello, la Dirección de Administración del IMSS determinó ampliar los plazos originalmente planteados, “para despejar todas las dudas de los participantes”.

El contrato fue autorizado desde el 25 de enero por el Consejo Técnico del IMSS, según el Acuerdo número AS3 HCT.250117/5 P.DA., y, en sus términos originales, este proyecto podría reportar ahorros de por lo menos 189 millones de pesos, pero los convocantes escogieron la ruta del fast track para precipitar el fallo. Y allí vinieron los primeros cuestionamientos de los concursantes, pues el IMSS sólo dio tres días para preparar dudas, quejas y preguntas para la Junta de Aclaraciones celebrada el 21 de abril, y menos de 14 días para que los participantes prepararan sus propuestas técnicas y económicas.

Emitida por la Dirección de Administración del IMSS, la convocatoria LA-019GYR019-E56-2017 apareció primero en el Compranet y, el 20 de abril, en el Diario Oficial de la Federación.

El artículo 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público abre un plazo de 40 días entre la publicación de la convocatoria a la licitación pública y el acto de presentación y apertura de proposiciones. Ahora, las propuestas deberán presentarse el próximo martes 23.

El IMSS propuso una prórroga, y, mientras, cuatro empresas concursantes acudieron ante el Órgano Interno de Control, que formalmente depende de la Secretaría de la Función Pública, para inconformarse sobre distintos contenidos de la convocatoria.

Operadora de Alimentos Industriales Teka demandó hacer valer tiempo y formas legales de la convocatoria; Equipos de Seguridad Balística Medio Oriente, por su parte, de plano se quejó de la ilegalidad en su contenido pues a su juicio contraviene lo establecido en la ley de adquisiciones y su reglamento respectivo. En tanto, Operadora Arrendamiento Automovilístico y Maquinaria Pesada del Centro se quejó de la vigencia de un procedimiento “que contraviene los principios, generalidades, especificaciones de una contratación de esta magnitud”. Y Technovichs atacó la premura de fechas para la licitación.

El 31 de mayo se vence el contrato vigente para la seguridad de las instalaciones del IMSS. Ese es el único plazo fatal en este asunto.

La prórroga, pero sobre todo los cuestionamientos públicos al coordinador técnico de seguridad y resguardo de inmuebles del IMSS, Juan Martín Cano Aguado, han alimentado una narrativa que sustentaría las sospechas respecto de la equidad de este proceso.

En los tiempos originales, el contrato abarcaría la prestación del servicio entre el 1 de junio del 2017 y hasta el 31 de mayo del 2020, inclusive. ¿Es sólo un asunto de plazos? Las empresas que han impugnado esta convocatoria del IMSS tienen quejas por las formas, pero sobre todo por el fondo del asunto. Y es que en su interpretación de la convocatoria, la subrogación de la seguridad de las instalaciones -que incluyen a las oficinas centrales, las sedes delegacionales, las UMAE y los centros vacacionales- se realizaría a costos fijos durante los tres años del contrato, sin considerar el factor inflacionario anual y los incrementos al salario mínimo, lo que repercutirá en la solvencia de las empresas y por consiguiente en el cumplimiento de los contratos.

El tope máximo del presupuesto a ejercer -a su juicio- resulta insuficiente para cubrir los gastos, lo que ocasionaría un déficit de 35% en su ejercicio final. Y sostienen que el estudio de mercado utilizado para este concurso fija precios en áreas que por ley no se pueden cumplir, como los salarios para los trabajadores sin aumentos anuales generados por inflación, los incrementos del costo de materias primas y los costos de proveeduría “internacional”.

EFECTOS SECUNDARIOS

ESPEJISMOS. ¿El efecto Trump ha trasminado al ámbito empresarial? Eso parece, a juzgar por algunos lineamientos recientes, entre ellos el de la American Made Coallition -agrupación en la que resaltan firmas trasnacionales como Pfizer, The Boeing Company y General Electric-, que públicamente se manifestó en favor de la implantación del impuesto de ajuste fronterizo (o Border Adjustment Tax -BAT-). Pues bien, ahora que la propuesta fue rechazada desde el propio gobierno por inviable y dañina, Jeff Immelt, director general de GE, se acercó al gobierno mexicano para ratificar su firme apoyo al TLC. Al arranque de la administración de Trump, el CEO de GE dijo que planeaba ayudar a Trump en todo lo que le fuera posible. Ahora, cuando ve fracasada la iniciativa del BAT, viene a México a decir que apoya la economía del país y la continuación del TLCAN. En Estados Unidos apoya el proteccionismo y en México aboga por el libre comercio.

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