1_mujeres_chiapasEl TEPJF repuso el registro de candidaturas para cumplir la paridad de género en el estado, pero ahora las aspirantes se enfrentan a resistencias que les niegan el acceso al poder.

Luego de que los partidos políticos fueron obligados a cumplir con las leyes electorales para registrar a 50 por ciento de candidatas a un cargo de elección popular, Chiapas elige este domingo 19 de julio 41 diputaciones locales (24 por voto directo y 17 de representación proporcional), así como nuevas autoridades en 122 municipios.

Aunque los partidos cumplieron la paridad de género de último minuto y tras una batalla jurídica que llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), existe el riesgo –a decir de activistas y mujeres políticas– de que no se logre una mayor presencia femenina en el poder público de la entidad.

Y es que los nombres de las candidatas no aparecerán en las boletas electorales, debido a que la papelería para la votación se imprimió y repartió en los consejos distritales y municipales antes de que se sustituyeran las postulaciones; además de que por la cercanía de la elección a las mujeres ya no les dio tiempo de hacer campaña.

A lo anterior se suma la denuncia de integrantes de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), según la cual los varones que fueron obligados a retirarse de la contienda registraron a sus familiares para ser alcaldesas –a fin de cumplir la paridad–, mientras que ellos fueron postulados a otros cargos dentro de las planillas municipales.

ELECCIÓN ATÍPICA

Para la activista e integrante de la Red Mujeres en Plural, Martha Tagle, esta elección es “atípica” por la falta de trasparencia en el registro de postulaciones, el incumplimiento reiterado de la ley, y porque a pesar de que se postuló a las mujeres, es muy probable que ellas no sean electas pues no hicieron campaña, sus nombres no están en las boletas electorales y por tanto no se sabe quiénes son.

De acuerdo con Inés Castro Apreza, investigadora e integrante de la Repare, Chiapas llegó a la elección en una situación “sumamente grave”, y el sólo hecho de las boletas representa un problema en sí porque no aparecerán los nombres de las mujeres que legítimamente debieron ser registradas, lo cual podría generar una “confusión” en la ciudadanía al no saber por quién está votando.

Lo que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPCC) determinó como solución al respecto es que si el electorado vota marcando los nombres de los varones que fueron sustituidos, el sufragio contará para las mujeres postuladas posteriormente.

Tagle destaca también el retraso en todo el proceso, ya que a pesar de que desde el pasado 8 de julio el TEPJF ordenó la sustitución de candidaturas el IEPCC dio 48 horas para hacer los cambios, plazo que venció tres días después, y la reposición se validó hasta el lunes 13 de julio. En todo este tiempo se suspendieron las campañas electorales.

En tanto, Castro Apreza aseguró que lo que sucedió en el estado es muestra de las resistencias ante la participación política de las mujeres, y explicó que entre “más conservador” sea el contexto político la incursión de las mujeres en la esfera política “trastoca más las relaciones de poder”.

Para la académica, el retraso en el cumplimiento de la paridad se puede interpretar en que las candidaturas fueron “amarradas” previamente tomando en cuenta intereses de unos cuantos, y que obviamente no se rigieron por el criterio de paridad, como lo establece la Constitución y las leyes electorales locales.

MUJERES DIERON LA BATALLA

El pasado 15 de junio el IEPCC aprobó las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos sin importar que no cumplieran la paridad de género.

Las mujeres organizadas denunciaron entonces que los partidos registraron planillas en su mayoría integradas por hombres, tanto a cargos municipales como a diputaciones locales, que en algunos casos los titulares eran de un sexo y los suplentes de otro, además de que a las mujeres se les postuló en distritos “perdedores”.

Como muestra del incumplimiento de la paridad, se documentó que en las candidaturas a las alcaldías el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –que gobierna Chiapas en coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– postuló a 107 hombres y sólo a 13 mujeres; mientras que el tricolor registró 102 varones y únicamente 14 candidatas.

Pese a ello, el IEPCC afirmó que del total de 12 mil 274 registros, casi el 50 por ciento fueron para mujeres, cuando en realidad sólo Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acató la paridad al postular 59 hombres y 58 mujeres.

El 18 de junio, el Partido Acción Nacional (PAN) promovió un juicio de revisión constitucional contra el acuerdo del registro de candidaturas, al que se sumó Movimiento Ciudadano (MC).

El 1 de julio, la Sala Regional Xalapa del TEPJF resolvió el juicio de revisión constitucional, declarando improcedente la pretensión del PAN de revocar el acuerdo, porque si bien no se cumplió la norma de postular a 50 por ciento de mujeres, “ya no había tiempo” para hacer sustituciones.

Fue entonces que el 5 de julio, MC interpuso ante la Sala Superior del TEPJF un recurso de reconsideración, a fin de impugnar la resolución de la Sala Regional.

Así también lo hicieron las activistas Elva Aurora Narcía, la ex diputada federal del PAN Yolanda del Carmen Montalvo López; la ex secretaria general del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Enriqueta Burelo Melgar; la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Chiapas, Lina Xóchitl Flores Archila; y la investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, María Inés Castro Apreza.

El 8 de julio, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de reconsideración (SUP-REP294/2015) y señaló que como no se cumplió con la paridad procedía reponer el registro de candidaturas, y además pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) iniciar un procedimiento contra las y los consejeros locales que no velaron por el cumplimiento de la ley.

Martha Tagle concluyó que esta elección local no servirá para que más mujeres lleguen al poder, sino para hacer evidente que los partidos y las instituciones electorales tienen la obligación de cumplir con la ley, y que no pueden ser omisas ante ello, ya que en este caso se violaron las normas constitucionales, la jurisprudencia y temas que ya se habían superado desde la elecciones federales de 2012.

Anayeli Garcia Martinez

CIMACNOTICIAS

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