Hay que aumentar la presión contra el alcohol, las drogas y el uso del móvil.

Durante los últimos cuatro años el número de muertos en carretera ha crecido sin parar, después de un largo período en el que la instauración del carnet por puntos y una exigencia estricta de las normas de circulación había conseguido reducir el número de accidentes y de fallecidos. Hoy, los accidentes de tráfico y su secuela de muertos y heridos vuelven a constituir un problema social que requiere decisiones políticas contundentes y creíbles. En los doce primeros días de agosto el número de muertes ha aumentado el 26%; es improbable que pueda frenarse primero, e invertirse después, esta tendencia si no se recupera el rigor en el cumplimiento de las normas y se consigue la colaboración consciente de los conductores.

No es casual este empeoramiento de las estadísticas de siniestralidad desde 2013. La política de tráfico seguida por los Gobiernos de Rajoy ha sido notablemente peor y más negligente que la gestión aplicada durante los mandatos de Rodríguez Zapatero. Desde 2012 se descuidaron las tareas de vigilancia en carretera, efectuadas por la Guardia Civil de Tráfico, debido en primer lugar a los recortes presupuestarios, traducidos en un descenso del número de agentes. El director general de Tráfico, Pere Navarro, que ha vuelto al cargo después de sus éxitos de su etapa anterior, ha cuantificado los efectos de los ajustes: hay 1.000 guardia civiles menos vigilando las carreteras; es decir, 1.000 agentes menos para hacer cumplir las normas, sancionar e instruir la sanción disuasoria.

No es solo un problema de recortes. La gestión del tráfico en los últimos años ha registrado una notable caída en la tensión y en el interés por hacer cumplir las normas de velocidad y de respeto de las señales. La decisión de trasladar radares a la red secundaria, donde se concentran los accidentes, no ha producido resultados apreciables. Lo mismo cabe decir de las campañas para reducir el uso del alcohol, las drogas y el teléfono móvil al volante.

Las sugerencias de la nueva DGT para salir de esta inercia de crecimiento de accidentes aciertan en el diagnóstico. Hay que sancionar con más dureza el uso del móvil mientras se conduce, sea para hablar o para transmitir whatsapps.Es una práctica de alto riesgo, cuya erradicación podría reducir el número de muertos. Equiparar la tipificación infractora del uso del móvil a la del consumo de alcohol o drogas probablemente tendría un fuerte impacto disuasorio. Si las compañías de seguros pueden además considerar legalmente el recurso contra los asegurados cuyos accidentes estén causados por el uso del móvil mientras conducen, se cerraría el cerco para acabar con una práctica tan peligrosa.

Ninguna ley es buena si no se tienen los medios suficientes para hacerla cumplir. Por eso es obligado aumentar el número de patrullas que vigilan el tráfico en autopistas, autovías y red secundaria. Tampoco debe olvidarse que existen dos males estructurales que explican una gran parte de la siniestralidad: el mal estado de las carreteras secundarias, más precario todavía por los ajustes drásticos de los Gobiernos anteriores y el mal estado del parque de automóviles. Estos dos males no se corrigen con decisiones normativas; es necesario elevar el gasto en seguridad vial y coordinar las políticas entre Administraciones.

Fuente: El País.

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