Investiga la adquisición de bienes intangibles en la Secretaría de Salud y la de Finanzas y Planeación.

La Secretaría de la Gestión Pública (SGP) confirmó un par de auditorías al interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación así como la Secretaría Estatal de Salud, en donde se están investigando contratos para la adquisición de bienes intangibles.
Rafael del Pozo Dergal, titular de la SGP dijo que se trata de contratos que fueron realizados durante los ejercicios fiscales 2013 y 2014 y que tienen que ver con el equipamiento y compra de software para diversos sistemas informáticos.

“Estamos hablando de la adquisición de lo que llamamos intangibles y que tiene que ver con la parte de sistemas, en diferentes áreas de la administración estatal, tanto en Sefiplan como en particular la Secretaría de Salud, donde estamos con las auditorías”, señaló Del Pozo Dergal.

Según la información recabada se trata de contratos que superan los 600 millones de pesos. De acuerdo con el funcionario, en las próximas semanas se esperan que arrojen los primeros resultados que pudieran derivar en nuevas denuncias penales contra ex funcionarios.

A ocho meses de haber iniciado la administración estatal actual, la Secretaría de la Gestión Pública aun no concluye con la totalidad de las auditorías, debido a la magnitud de algunas dependencias estatales o que en su caso manejaron la mayor cantidad de recursos de la administración pública.

“Hay algunos otros asuntos vinculados con licencias de diferentes tipos, no solamente en licencias de Sefiplan, sino también a través de Sintra (Secretaría de Infraestructura y Transporte) y que todavía están en proceso”, destacó.

Una vez concluidos todos los procedimientos internos de auditoría se tendrá una cuantificación real del monto de daño patrimonial causado al estado de Quintana Roo por la administración de Roberto Borge Angulo.

Hasta el momento, se tiene definido el posible monto de dinero que salió de las arcas del estado, principalmente en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) por alrededor de cinco mil millones de pesos, sólo en lo que refiere al tema financiero, de acuerdo con el entrevistado.

“La cuantificación es importante a efecto de que el Estado pueda solicitar la reparación del daño. Evidentemente se trata de una presunción que se puede modificar conforme van avanzando las investigaciones”, indicó.

El entrevistado señaló que la autoridad estatal ya entregó a las instancias federales y estatales competentes, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales deberán deslindar las responsabilidades.

Fuente: SIPSE

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