El presidente propugna cambios legales en el Congreso mientras los republicanos impulsan límites en varios Estados

En el discurso del Estado de la Unión del pasado martes, el presidente Donald Trump pidió al Congreso que prohibiera los abortos tardíos de niños “que puedan sentir dolor en el vientre de la mujer”. En medio de un ensordecedor aplauso de los congresistas republicanos y frente a 47 millones de televidentes, el mandatario afirmó falsamente: “Los legisladores de Nueva York se alegraron de aprobar de una ley que permite arrancar al bebé del vientre momentos antes del nacimiento”. Lo que permite la nueva normativa es la posibilidad de practicar un aborto hasta la semana 24 de gestación o más adelante si el feto es inviable o la vida de la madre corre peligro. Más del 90% de los abortos se practican en el primer trimestre, pero Trump aprovechó la tribuna para hablar a sus bases. Una estrategia que acompañan varios Estados conservadores que intentan limitar el acceso a la interrupción del embarazo.

Entre el público presente en el Congreso la noche del martes, una mujer escuchaba con estupor las declaraciones del mandatario que acumula una veintena de acusaciones de acoso: la doctora Leana Wen. Wen es presidenta de Planned Parenthood, una organización que proporciona servicios de salud reproductiva y que ha sido denostada por el Partido Republicano en su campaña contra el aborto. “El presidente mintió a toda la ciudadanía. Sus declaraciones no se basan en aspectos médicos, sino políticos”, explica la doctora. Wen fue invitada al Capitolio por la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una clara contraofensiva a la Administración que amenaza con revocar la ley que permite el aborto desde 1973.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se ha esforzado por reducir las opciones para abortar. Solo cuatro días después de asumir el cargo, recuperó una ley que prohíbe a las ONG y proveedores sanitarios en el extranjero utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesorías a favor del aborto. En mayo del año pasado, anuló una ley que obligaba a los empleadores a incluir métodos anticonceptivos en el plan de salud ofrecido a sus empleados y anunció una reforma al Título X, un programa de planificación familiar financiado federalmente, abierto a los pacientes de bajos ingresos. Si sale adelante, los médicos y hospitales no podrán derivar a sus pacientes a centros abortistas. “Los proveedores de atención médica no pueden ocultar información sobre las opciones que tienes en relación con tu embarazo. Esta norma significa que podrán hacerlo”, explican desde Planned Parenthood.

“Durante décadas, los contribuyentes se han visto forzados erróneamente a subsidiar la industria del aborto”, dijo Trump cuando anunció la nueva normativa. “Me comprometí a defender la vida, y como presidente, eso es lo que he hecho”, concluyó. La reforma del Título X está siendo evaluada por una tribunal federal de apelaciones que debería dar su veredicto el mes que viene. “Es una amenaza al derecho a la salud de las mujeres. Yo, como doctora, debo educar e informar a mi paciente en pro de su salud. Después tengo que confiar en su decisión”, agrega la doctora Wen.

Sumados a la ofensiva, varios Estados de tradición conservadora han aprovechado para modificar sus leyes en la misma dirección restrictiva. Iowa aprobó el año pasado la ley contra el aborto más restrictiva de EE UU: ninguna mujer puede abortar en cuanto se detectan los latidos del corazón en el feto. Solo se harán excepciones si hay malformación fetal, riesgo de muerte para la madre y violación o incesto. Los Parlamentos de Kansas y Oklahoma han impulsado leyes gemelas, al igual que Alabama, Arkansas, Kentucky, Misisipi, Texas y West Virginia. No todas han salido adelante. Un juez rechazó en noviembre la ley de Misisipi que prohibía la mayoría de los abortos después de 15 semanas por considerar que violaba derechos constitucionales de la mujer. Mientras el bastión republicano del centro del país lucha por poner límites, Estados como Massachusetts, Delaware y Washington, además de Nueva York, intentan blindarse con leyes más permisivas.

A pesar de los antecedentes, la hegemonía conservadora en el sur profundo del país se llevó una sorpresa esta semana. El Tribunal Supremo (de mayoría conservadora) falló a favor de suspender temporalmente una ley de Luisiana que impedía a los médicos practicar abortos en hospitales a más 42 kilómetros de distancia. Los antiabortistas pretendían dificultar el acceso de las mujeres interesadas en interrumpir su embarazo en un Estado que desde los ochenta hasta ahora ha reducido de 11 a tres sus centros abortistas. La primera decisión en materia reproductiva que toma el Alto Tribunal dio solo un respiro a los liberales. Los magistrados han pedido más tiempo para revisar los detalles de la norma antes de dar un veredicto final. Hay una quincena de casos relacionados con el aborto a punto de llegar al Supremo.

LA NUEVA CARA DEL SUPREMO ES ANTIABORTISTA

Cuando el presidente Donald Trump estaba en campaña, envió una carta a las organizaciones antiaborto en la que se comprometía a elegir solo jueces “provida” para el Tribunal Supremo. En los dos años que lleva de mandato ya ha podido elegir a dos de los nueve magistrados que conforman el Alto Tribunal. Con el nombramiento en octubre de Brett Kavanaugh la balanza se desequilibró hacia el ala conservadora.

“En cualquier momento puede que el Tribunal Supremo decida revocar la histórica sentencia del caso Roe vs. Wade [que legalizó efectivamente el aborto en Estados Unidos en 1973]. La elección de Brett Kavanaugh nos llevó a ese escenario”, explica Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood.

Si esto sucede, las leyes sobre el aborto dependerían en su totalidad de cada Estado. Los expertos estiman que al menos 22 optarían por prohibir la interrupción del embarazo.

Fuente: ELPAÍS

 

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