Insta a demócratas y republicanos a que trabajaran de forma conjunta en soluciones para regular el asilo y acabar con los agujeros legales en la frontera Sur.

Miles de familias de inmigrantes indocumentados en una decena de ciudades estadounidenses respiraron el sábado por la tarde tras conocer que Donald Trump había dado marcha atrás a su orden de deportaciones masivas. Muchos habían decidido esconderse, pasar la noche fuera de sus casas, alojarse con amigos o familiares en regla o incluso no acudir a sus trabajos ante las inminentes redadas de los agentes de inmigración y aduanas (ICE, en sus siglas en inglés). Estaban previstas que empezaran en la madrugada de ayer y que afectaran a inmigrantes con órdenes de deportación o que no habían acudido a sus citaciones con los jueces de inmigración. Respondían al anuncio que había hecho Trump una semana antes. En su estilo hiperbólico, aseguró que se expulsaría a «millones de extranjeros ilegales». Las redadas, como después explicó el ICE, se centraban en unas 2.000 familias en diez ciudades: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco.

Trump anunciaba desde Twitter, in extremis, pocas horas antes de que empezaran las redadas, que retrasaba las deportaciones «a petición de los demócratas» y que les daba dos semanas para que trabajaran de forma conjunta en soluciones para regular el asilo y acabar con los agujeros legales en la frontera Sur. «Si no, ¡las deportaciones comenzarán!»

El presidente de EE.UU. tomaba la decisión después de haber mantenido una conversación telefónica en la víspera con Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, en una muestra de los intereses políticos que se cruzan en este asunto. El retraso en las deportaciones es una forma de presionar a los demócratas para que aprueben reformas legislativas sobre inmigración que contenten a Trump, en una estrategia similar a la reciente amenaza con aranceles masivos a México, que el presidente después levantó para dar un plazo de 45 días al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para obtener resultados.

Pero el retraso tampoco se puede separar de otras negociaciones en el Congreso, como la aprobación de un paquete de 4.500 millones de dólares para ayuda humanitaria en la frontera -por ejemplo, para mejorar las condiciones de los miles de menores detenidos- que la Casa Blanca considera urgente, y que demócratas y republicanos tienen que acordar. También los esfuerzos del senador republicano Lindsay Graham y su colega demócrata, Richard Durbin, para acordar una reforma de la petición de asilo.

La dureza y el terror que supondrían las deportaciones masivas en comunidades de inmigrantes podrían desbaratar esos esfuerzos. Incluso dentro del Gobierno no había unanimidad sobre las redadas. Mark Morgan, el director interino de ICE, las defiende como una forma de disuasión para la entrada de indocumentados, mientras que Kevin McAleenan, director interino del Departamento de Seguridad Nacional, prefiere evitar medidas agresivas que tenían el peligro de separar familias, una práctica que la Administración Trump se vio obligada a eliminar el año pasado ante el escándalo público.

Fuente: ABC

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