La malauí Fainess Lipenga estuvo retenida tres años en un sótano cuando trabajó de empleada doméstica para una diplomática

Hay una leona en la sala. Una sobreviviente. Una abusada. “Así luce una guerrera”, dictamina Fainess Lipenga, de 39 años, mientras mueve los brazos de arriba hacia abajo para enseñar sus casi dos metros de altura. Tiene ganas de hablar. De contar lo que esconden sus cicatrices. De ser la última protagonista de una historia sobre la esclavitud contemporánea. La malauí, que luce un largo vestido rojo, pendientes dorados y los párpados sombreados en tonos lila, regala una sonrisa con la misma facilidad con que se le rompe la voz al recordar. “Me trataron como un perro, he atravesado el infierno”.

Cuando Lipenga era una veinteañera, vivía en su natal Malaui y trabajaba de empleada doméstica de Jane Kambalame, una funcionaria del Gobierno. En 2004, en uno de esos días en que cambia la vida, a su jefa la eligieron para desempeñar un cargo de diplomática en la Embajada de Estados Unidos. Ella le ofreció irse a Washington con su familia. Lipenga, que había estudiado hasta octavo grado y no sabía hablar inglés, dijo que sí con la ilusión de una niña. Firmó un contrato sin entender una palabra. El documento estipulaba un salario mensual de 980 dólares, dos días de descanso a la semana, vacaciones y el pago de horas extras.

Una vez instalados en Maryland, a media hora de Washington DC, Kambalame le ordenó a Lipenga que durmiera en el sótano para no “contaminarlos”. Los horarios acordados no se respetaron y al cabo de un tiempo la empleada se vio trabajando desde las 5.30 a las 23.00 por 58 céntimos la hora. Su jefa instaló un sistema de seguridad con contraseña al que Lipenga nunca tuvo acceso. Le quitó los documentos, no la inscribió en la seguridad social y la dejó incomunicada. “Yo escuchaba cuando hablaba con mis padres, pero cortaba el teléfono cuando salía”, cuenta a una década de lo ocurrido.

Kambalame le repetía constantemente a Lipenga que al ser diplomática tenía inmunidad y que podía hacer lo que le diese la gana. Los diplomáticos traen a sus empleados con la visa A3, que está directamente relacionada con el nombre del empleador. Ante el desconocimiento de sus derechos, la falta de idioma y el aislamiento al que estaba sometida, Lipenga estaba paralizada. “Yo perdí las ganas de vivir, pero no quería morirme en esa casa”, sostiene con la voz rota.

Una nevada madrugada de 2007, Kambalame olvidó cerrar la puerta de la cochera. Lipenga, que había robado su pasaporte y su contrato, salió para no volver. Logró llegar a un hospital en el que le diagnosticaron tuberculosis y depresión. Cuando estaba internada, tuvo una visita. “¿Adivinas quién era? Mi jefa. No sé cómo supo dónde estaba. Pensé que era libre, pero seguía siendo una esclava”, describe. Lipenga, tras recuperarse superficialmente, fue derivada a un hogar para indigentes. Kambalame apareció nuevamente. “No sé cómo lo hacía. El refugio quedaba a dos horas del hospital”, explica tras años sin poder resolver la duda.

Finalmente, Lipenga dio con una organización sin fines de lucro de la escuela de derecho de la Universidad de Arkansas, donde la ayudaron a obtener una visa T, que se otorga a las víctimas de trata de personas. En 2017 se otorgaron 1.362 visas de este tipo. Hace 10 años fueron 544, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU.

En 2014, Lipenga presentó una demanda contra su exjefa por daños y perjuicios que incluyó incumplimiento de contrato y provocación intencional de angustia emocional. “La señora Kambalame claramente abusó de su posición de poder sobre la señora Lipenga para causarle un severo sufrimiento emocional”, dijo el juez. Kambalame, de la que Lipenga lo último que supo fue de su ascenso a alta comisionada de Malawi para Zimbabwe y Botswana, no respondió ni participó en el caso. Los daños se establecieron en una multa de 1.101.345 dólares. Eso sí, la víctima todavía no ve el dinero. “Mis abogados siguen trabajando en eso”, apunta.

En su proceso de “reconstrucción” fue fundamental la ONG Ayuda, que aborda en 360° las necesidades de los inmigrantes. Lipenga sostiene que ahí conoció a las mujeres que le “salvaron la vida”. Katherine Soltis, abogada de la institución, explica que los inmigrantes, especialmente las mujeres, son objetos frecuentes de abuso laboral porque no saben a dónde ir, no tienen contactos y muchas veces no dominan el idioma. “Es difícil conseguir cifras de cuántos son porque muchos no llegan a denunciar nunca que son víctimas de tráfico laboral, precisamente porque no conocen sus derechos”. Eso es lo que quiere cambiar Fainess Lipenga, que ahora es consultora en concienciación de explotación laboral. También asesora a abogados, a funcionarios judiciales, médicos, etc. “No es fácil hablar, yo lo sé. Pero hay que superar los miedos, es el momento de decir basta”. Y como una erupción volcánica se pone a bailar y cantar una y otra vez el número 1-888-373-7888. La línea estadounidense contra la trata de personas.

Fuente: elpaís

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