De acuerdo con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, es necesario que el Presidente Peña Nieto se abstenga de otorgar nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados el pasado 6 de junio.

CIUDAD DE MEXICO.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, exigirá al Presidente Enrique Peña Nieto la revocación inmediata de 10 decretos publicados en junio pasado en el Diario Oficial de la Federación, que eliminan la veda y en el que se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas.
De hecho, Monreal recordó que el pasado 4 de octubre Morena presentó en el Senado un punto de acuerdo relativo a la revocación de decretos de agua y a evitar concesiones de uso de ésta a particulares, advirtiendo del riesgo de otorgar concesiones que contravengan la ley.
El punto de acuerdo de urgente resolución, que presentó Morena a través de la Monreal Ávila y la también senadora morenista Freyda Marybel Villegas Canché, “solicita al titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los 10 decretos publicados el 6 de junio”.
Monreal y Villegas precisan, en el punto de acuerdo, que las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León).
Además, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
“En el marco de esta publicación —agregan—, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) presentó a la opinión pública un documento que identifica algunos aspectos que advierten problemas de ilegalidad en los mismos. De manera específica, destaca los siguientes:
“Los diez Decretos se basan en estudios técnicos que toman como referencia información generada en 2016, y en algunos casos en 2011, lo que a su consideración resulta preocupante, pues la realidad actual es diferente, sobre todo atendiendo a los efectos del cambio climático, deforestación, manchas urbanas, entre otros, hechos que afectan totalmente cualquier consideración respecto a la disponibilidad y calidad del agua”.
Y el punto de acuerdo también recuerda que hay anormalidades en el proceso de mejora regulatoria de los decretos porque “la Ley establece la obligatoriedad de sujetar estos decretos a un proceso de mejora regulatoria a cargo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), mismo que incluye someter a consulta pública todos los actos, objeto de la evaluación. Sin embargo, pese a ponerse a consulta, algunos cambiaron de manera sustancial el texto originalmente propuesto en la consulta”.
Monreal y Villegas advierten que en cuanto a la implementación de los decretos en el contexto actual, destaca que “si bien es cierto que con las Zonas de Reserva se garantiza el caudal ecológico y el uso urbano del agua a través de volúmenes comprometidos especificados en cada decreto, también lo es que aquellos volúmenes que no están comprometidos se podrán explotar, usar o aprovechar mediante la expedición de nuevos títulos de concesión y/o asignación”.
De acuerdo con las observaciones que se presentan en el punto de acuerdo, “si bien es cierto que los decretos de reserva fueron puestos a consulta pública es claro que este instrumento no necesariamente garantiza todos los extremos que implica ese derecho humano en el contexto de los pueblos indígenas. Así pues, los decretos de referencia se pueden traducir en la vulneración del derecho de los pueblos y comunidades indígenas al territorio, a la autonomía y libre determinación, al disfrute de sus recursos naturales, al consentimiento libre, previo e informado, sobre actos u omisiones que puedan afectar de manera irreparable su territorio”.
Monreal y Villegas recuerdan que “integrantes de organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios de Chiapas que se han relacionado con la defensa del agua, la tierra y el territorio, han rechazado de manera enérgica los diez decretos de Reserva de Agua, y han considerado que son un intento ilegal por parte del gobierno de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país, al final del mandato presidencial”.
Para Miguel Ángel Montoya, especialista y consultor en este tema: “ El levantamiento de un Decreto de Veda es una precondición necesaria para que Conagua otorgue nuevas concesiones. Con ese fin es que se levanta una veda, para que los volúmenes liberados puedan ser concesionados. Por lo tanto, es una media verdad —que inmediatamente se convierte en mentira— el afirmar que no se trata de otorgar nuevas concesiones”.
Aunque la Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado que el agua no se privatizará, y que los decretos de ninguna forma otorgarán beneficios a ningún particular, la sola sospecha de que tales instrumentos contienen veladas cláusulas privatizadoras es motivo para abrir el debate y clarificar las dudas, recuerda el punto d acuerdo que presentaron los senadores de Morena.
En este contexto, señalan, si bien la expedición de esos decretos es una facultad expresa que le otorga la Ley de Aguas Nacionales al titular del Poder Ejecutivo federal, existen serias preocupaciones sobre sus alcances e implicaciones, por parte de académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, particularmente sobre aquellas concesiones que, bajo el amparo de los nuevos decretos, empiecen a operar en favor de los particulares.
Para el Grupo Parlamentario de Morena, advierten, “hablar de agua es hablar de un complejo entramado de normas, pero también es hablar de vida, biodiversidad, ecosistemas, y de derechos de pueblos y personas. Hablar del agua en México implica visibilizar las prácticas y el manejo que una nación ha dado al elemento más importante para la vida, al tiempo de poner a debate la efectividad de su modelo de gobernanza. Pero, sobre todo, hablar de agua es hablar de derechos humanos y de nuestros bienes sociales y culturales, los que bajo ninguna circunstancia pueden ser cercenados por visiones económicas privatizadoras”.
El debate sobre la gobernanza del agua es un tema de cardinal importancia para el país, y justo por ello las senadoras y los senadores de Morena rechazamos categóricamente cualquier tipo de acción o política pública regresiva y violatoria de derechos.
En su lugar, proponemos construir disposiciones y mecanismos que garanticen plenamente este derecho indispensable para la vida, la dignidad y la salud de las personas. Con esta convicción es que el presente Acuerdo tiene el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo federal a revocar los decretos referidos y, en su lugar, promover una discusión nacional que desemboque en la construcción de un modelo justo de gobernanza hidrológica.
El punto de acuerdo:
“Primero: El Senado de la República solicita al C. Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo federal, a que revoque de inmediato los diez decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, por virtud de los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.
”Segundo: El Senado de la República le solicita al C. Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo federal, abstenerse de otorgar nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación”.

Fuente: Por Esto!

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